Pastora evangélica del Ayuntamiento de Vallarta bajo la lupa por supuestos discursos de odio

-La Coordinadora General de la Secretaría General del Ayuntamiento, Judith Urióstegui Figueroa, enfrenta una queja ante la CEDHJ por presunta discriminación y violación al principio de laicidad, al usar su influencia pública para promover supuestos mensajes estigmatizantes.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha abierto una investigación contra Judith Urióstegui Figueroa, quien ocupa el cargo de Coordinadora General en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

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La queja surge por supuestos actos de discriminación y discursos de odio que contradicen los principios de laicidad del Estado, dio a conocer Víctor Espíndola promotor y defensor de los derechos humanos de la comunidad LGBTT.

Urióstegui, además de su rol en el Ayuntamiento, se identifica como ministra de culto y lideresa del grupo evangélico “Justicia y Amor”.

Se le acusa de utilizar su posición para difundir mensajes con contenido religioso y político que estigmatizan a la comunidad LGBTQ+. Entre sus declaraciones más controversiales se encuentran afirmaciones como:

“Estamos viviendo una dictadura transexual” y “la disforia de género es una enfermedad mental”.

La queja se radicó bajo el expediente 1468/2025/III y fue admitida formalmente el 2 de julio. El presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, ha sido notificado y se le ha solicitado información sobre las actividades realizadas por Urióstegui durante su horario laboral, así como sobre los eventos en los que ha participado.

La CEDHJ ha comenzado a analizar las pruebas presentadas, que incluyen publicaciones en redes sociales y actos de proselitismo durante su tiempo como funcionaria. Si se comprueban las acusaciones, podría enfrentarse a sanciones administrativas por violaciones a derechos humanos.

Este caso no solo pone en cuestión la conducta personal de una funcionaria pública, sino que también plantea un debate crucial sobre cómo las creencias religiosas pueden influir en el ejercicio del poder público y la necesidad imperiosa de garantizar un entorno libre de discriminación para todos los ciudadanos.