Suspensión a Munguía y otros 19 alcaldes NO procedería; es mero trámite

-El Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco solicitó al Congreso la suspensión de 20 presidentes municipales por 15 días sin goce de sueldo

-Sin embargo, este trámite es parte de un procedimiento que generalmente es resuelto como improcedente por la Comisión de Gobernación, y no se espera que la suspensión se haga efectiva

El 11 de septiembre de 2025, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón Estatal de Jalisco notificó al Congreso del Estado sobre la solicitud de suspensión de 20 presidentes municipales, incluidos los de Puerto Vallarta (Luis Munguía), Guadalajara (Verónica Delgadillo) y Zapopan (Juan José Frangie), debido a la falta de pago de diversos laudos laborales.

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En particular, se pidió la suspensión de los ediles por un período de 15 días sin goce de sueldo, como parte de un procedimiento legal en curso. Sin embargo, esta solicitud es solo un paso formal que comúnmente no se traduce en medidas punitivas.

De acuerdo con los laudos presentados, el Tribunal de Arbitraje notificó sobre 63 casos no resueltos relacionados con demandas laborales pendientes de pago. De estos, cuatro corresponden a Puerto Vallarta, mientras que los otros están distribuidos en municipios como Guadalajara (21 casos), Zapopan (6 casos), y Tala (4 casos), entre otros.

El Tribunal también notificó sobre laudos pendientes en municipios como Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, así como en localidades más pequeñas como La Huerta, Ocotlán y Amatitán.

En el caso de Puerto Vallarta, los laudos se refieren a los expedientes 958/2009-E1-PS, 140/2010-D1-PDT, 2461/2010-B1-PSR y 2887/2010-PDT, los cuales están relacionados con demandas laborales de exservidores públicos del municipio.

Ante esta situación, el Tribunal solicitó la suspensión de los alcaldes y funcionarios municipales involucrados, como establece el procedimiento. Sin embargo, esta solicitud es solo un trámite inicial, ya que generalmente el Congreso de Jalisco, a través de su Comisión de Gobernación, declara que la suspensión es improcedente.

Este procedimiento se utiliza como una medida de presión para que los municipios resuelvan sus adeudos con los exservidores públicos, lo que generalmente lleva a que los Ayuntamientos lleguen a acuerdos con los demandantes para el pago de los laudos.

En muchos casos, la suspensión de los alcaldes no llega a ejecutarse, como ocurrió en administraciones pasadas, incluyendo las de Luis Michel, Arturo Dávalos y Ramón Guerrero “Mochilas”.