Mirtha Villalvazo: ¿Regreso político o rehabilitación mediática?

-Aunque aún enfrenta una orden de aprehensión y un proceso judicial abierto, la exalcaldesa de Bahía de Banderas comienza a reaparecer en el escenario local.

-La reciente liberación de propiedades vinculadas a su entorno reaviva las dudas: ¿se prepara su retorno político o se teje una narrativa de reivindicación pública?

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A más de un año de su abrupta desaparición de la vida pública, el nombre de Mirtha Iliana Villalvazo Amaya vuelve a circular en Bahía de Banderas. En febrero de 2024, la entonces alcaldesa —en plena campaña por la reelección— fue señalada por actos de corrupción, lo que derivó en una orden de aprehensión y la suspensión de sus derechos políticos. Desde entonces, su silencio fue absoluto… hasta ahora.

Tal como reportó recientemente la periodista Gloria Herrera, al menos cuatro propiedades que habían sido aseguradas por la Fiscalía de Nayarit —incluyendo inmuebles en Bucerías y Flamingos, uno de ellos ligado a familiares cercanos— ya fueron liberadas del proceso legal. Los sellos oficiales han sido retirados y, de momento, no se les vincula directamente con actividades ilícitas.

Este movimiento legal, aunque no representa una exoneración formal, sí genera un nuevo contexto político. Y en Nayarit, donde la política suele ir más rápido que la justicia, cualquier resolución a su favor en tribunales puede ser leída como una señal de reposicionamiento estratégico.

A esto se suma el regreso paulatino de su círculo cercano. Vecinos y fuentes locales afirman haberla visto en Bucerías y en San Juan de Abajo, aunque sin apariciones públicas formales. Su hija también ha sido vista nuevamente en eventos sociales de la región. ¿Casualidades? ¿O parte de una estrategia de “normalización” de su imagen?

Lo cierto es que Villalvazo continúa siendo considerada prófuga de la justicia, sin que haya aclarado su situación legal ni enfrentado las acusaciones por las que fue investigada: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y una administración marcada por escándalos que incluyeron el asesinato del excontralor Martín García Valencia, quien había denunciado irregularidades graves en su gobierno.

Las autoridades estatales han guardado silencio ante los recientes movimientos. Tampoco ha habido declaraciones de la Fiscalía Anticorrupción, responsable de suspenderle sus derechos políticos en 2024. Sin embargo, el hecho de que propiedades antes aseguradas ahora estén fuera del proceso indica una fractura legal que podría ser aprovechada.

En una región como Bahía de Banderas, donde el olvido político puede ser tan veloz como la indignación ciudadana, el posible retorno de Villalvazo no solo reabre heridas, sino que pone en entredicho la eficacia de las instituciones judiciales.

¿Se trata de una figura que busca limpiar su nombre? ¿O de un poder que, tras bambalinas, ensaya su rehabilitación pública con fines electorales?

Por ahora, todo huele a movimiento. Como lo advirtió Gloria Herrera: “Huele a revancha… pero también huele a impunidad”.