Layda expropia terrenos ligados a “Alito” en Campeche para construir una universidad pública
By -El Gobierno de Campeche declaró de utilidad pública cuatro terrenos vinculados con el priista Alejandro Moreno, abriendo paso a una universidad pública.
-La medida se apoya en una reciente reforma legal impulsada por Morena y aviva la larga rivalidad entre la gobernadora Layda Sansores y el exmandatario estatal.
La disputa entre la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores y el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, dio un giro más esta semana con la expropiación de cuatro terrenos ubicados en el municipio de Campeche, al menos tres de ellos ligados directamente al entorno familiar y profesional del priista.
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En dichos predios se construirá la nueva Universidad de la Salud de la Universidad Rosario Castellanos, según confirmó el Ejecutivo estatal.
La expropiación, que se ampara en una nueva Ley de Expropiaciones aprobada apenas en septiembre con mayoría de Morena y sus aliados, ha sido interpretada por el priismo como un ataque político dirigido.
Los terrenos incluyen una propiedad registrada a nombre de Yolanda Cárdenas, madre del senador, y otras dos a nombre del arquitecto Juan José Salazar, colaborador cercano durante su mandato como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019.
El contexto no deja lugar a muchas dudas sobre la carga política detrás del proceso. Desde que se discutía la ley, apodada informalmente “Ley Alito”, legisladores morenistas como Carlos Ucán señalaban que la reforma permitiría “recuperar” terrenos que —según el discurso oficial— habrían sido adquiridos por Moreno en condiciones irregulares y a precios simbólicos. Hoy, esos mismos predios están valuados en cifras millonarias.
El Gobierno estatal sostiene que se trata de propiedades obtenidas mediante prestanombres y con recursos de origen ilícito.
La presidenta Claudia Sheinbaum, sin mencionar a Moreno directamente, respaldó la medida al calificarla como una acción contra el enriquecimiento derivado de la corrupción.
“Queremos hacer la Universidad Rosario Castellanos y necesitábamos hectáreas. Si ya todo es de Alito, pues ni modo”, ironizó Sansores durante su programa Martes del Jaguar, donde ha hecho del señalamiento a su viejo rival una constante semanal.
En tono jocoso, incluso agradeció que el predio esté “ya urbanizado”, con vialidades trazadas que facilitarán la futura obra.
Moreno, por su parte, rechazó las acusaciones y se dijo víctima de una “persecución política”.
“Esto ya lo hemos visto: así empezó Venezuela”, declaró durante una entrevista radial.
Según él, ni su madre ni su arquitecto actúan como prestanombres, y los procesos judiciales en su contra responden a una estrategia para desactivar a la oposición.
El senador enfrenta actualmente dos solicitudes de desafuero promovidas por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.
Una por presunto desvío de más de 83 millones de pesos y otra, pendiente desde 2022, por enriquecimiento ilícito. Hasta ahora, el fuero constitucional lo mantiene al margen de procesos penales formales.
El trasfondo de esta guerra política es tan personal como institucional. Sansores y Moreno comparten no solo un origen priista, sino una historia de confrontaciones que se remonta a las elecciones de 2015, cuando ambos compitieron por la gubernatura.
Desde su victoria en 2021, Sansores ha usado su tribuna estatal y su programa televisivo para apuntar directamente al líder del PRI, filtrando audios, documentos y acusaciones que han terminado en carpetas de investigación.
El nuevo capítulo, con la expropiación en curso, no solo involucra a figuras públicas, sino que también pone en la mira a familiares y colaboradores del priista. Tienen ahora cinco días hábiles para presentar objeciones legales al proceso. El Gobierno estatal planea iniciar la obra en un plazo no mayor a mes y medio.