Vicealmirante Roberto “N”: ¿Cómo operaba la red civil ligada al huachicol fiscal?

-Nuevas investigaciones revelan que la red de huachicol fiscal no solo involucraba a militares y funcionarios portuarios.

-También participaban empresas fachada, despachos contables y operadores civiles que lavaban millones de pesos a través de contratos falsos.

Ciudad de México.- Mientras las autoridades enfocaban sus operativos en puertos y aduanas, una segunda línea de investigación sobre el llamado “huachicol fiscal” ha comenzado a dar frutos.

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Documentos obtenidos por MVS Noticias confirman que la red liderada por el vicealmirante Manuel Roberto “N” tenía un brazo civil altamente especializado, que servía para legalizar el combustible robado y mover el dinero a través de un sistema de empresas fachada.

Las nuevas pesquisas, encabezadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), apuntan a una red paralela de contadores, representantes legales y empresarios que facilitaban la compraventa simulada de hidrocarburos a través de facturación apócrifa, contratos entre compañías inexistentes y transferencias bancarias trianguladas.

Una red civil que no disparó un solo tiro

Entre los nuevos detenidos se encuentran dos hermanos originarios de San Pedro Garza García, Nuevo León, quienes operaban una consultora energética sin oficinas visibles, pero con al menos 70 contratos registrados ante el SAT desde 2022. De acuerdo con la UIF, esta firma recibió más de 320 millones de pesos en transferencias entre marzo de 2023 y mayo de 2025.

Lo que llama la atención es que muchos de esos contratos eran con empresas que compartían dirección fiscal, número telefónico e, incluso, representante legal. “Era una red diseñada para aparentar que el combustible tenía origen y destino lícito. En papel, todo parecía legal”, explicó un funcionario de la UIF que pidió no ser identificado.

El combustible que nunca salió del país
Otro punto clave en la operación tenía que ver con los llamados “contratos temporales de importación”.

Bajo este esquema, el combustible que ingresaba por Tampico supuestamente sería transformado o procesado en territorio nacional antes de ser exportado a países como Guatemala o Belice.

En la práctica, ese combustible era vendido directamente en el mercado negro mexicano, con apoyo de distribuidores locales.

“Le daban la vuelta al SAT usando estos contratos y facturas con productos que en realidad nunca existieron. Decían que era aditivo, pero era diésel”, detalló un investigador.

Lavado de dinero y vínculos con elecciones locales
Una de las aristas más delicadas del caso tiene que ver con el financiamiento ilegal a campañas políticas en al menos tres estados: Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Según las primeras declaraciones de testigos protegidos, parte del dinero generado por el huachicol fiscal fue usado para financiar candidaturas locales durante las elecciones intermedias de 2024.

Hasta ahora, no se ha revelado el nombre de ningún político implicado, pero la FGR ya abrió expedientes por delitos electorales.

¿Y los mandos de alto nivel?

La detención del vicealmirante Farías, así como la colaboración del exdirector de aduanas de Tampico —identificado como “Santo”—, ha encendido alarmas dentro de la Marina. Aunque oficialmente se insiste en que se trata de “casos aislados”, dentro de la institución se vive un clima de tensión.

El propio José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, habría alertado sobre la corrupción interna en los últimos meses de su mandato. Lo que no anticipó, según fuentes, fue el tamaño del entramado y la rapidez con que creció.

La FGR aún no descarta más detenciones, incluidas de mandos navales activos.