La disputa escaló después de que el abogado Joel Marín García —representante de uno de los propietarios— fuera detenido y posteriormente vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa, según dio a conocer W Radio. La audiencia, que se prolongó hasta la madrugada del 19 de noviembre, concluyó con la imposición de prisión preventiva oficiosa, lo que los inversionistas consideran una medida desproporcionada y utilizada para inhibir la defensa de los terrenos.
Según los propietarios, la Fiscalía del Estado de Nayarit abrió distintas carpetas de investigación en contra de quienes poseen las tierras, bajo señalamientos de que las compraventas realizadas hace más de dos décadas podrían estar vinculadas a recursos ilícitos o a precios considerados fuera de mercado. No obstante, los inversionistas aseguran que todas las adquisiciones cuentan con escrituras, contratos y documentación oficial que acreditan su legalidad.
El grupo señala como responsables de las decisiones actuales a la subfiscal estatal Elvia Ludmila Heredia Verdugo —quien anteriormente dirigió el fideicomiso FIBBA— y al coordinador jurídico estatal Gabriel Camarena. Afirman que ambas figuras impulsan procedimientos que, a su juicio, buscan incorporar los terrenos al fideicomiso a través de mecanismos “disfrazados de legalidad”.
Durante su defensa, Marín García entregó documentos que, según los propietarios, demuestran que no existieron irregularidades en la adquisición de los predios. Sin embargo, permanece en prisión preventiva mientras continúa la investigación, situación que su grupo considera un mensaje directo para debilitar cualquier estrategia legal en favor de los dueños.
Ante la gravedad del caso, los inversionistas anunciaron que acudirán a instancias federales. Informaron que presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República y promoverán nuevos recursos jurídicos para obtener la liberación de su abogado y frenar lo que describen como un intento de despojo sistemático por parte del gobierno estatal de Nayarit.
El litigio sigue su curso mientras los propietarios aseguran que continuarán defendiendo sus tierras y exigiendo que las autoridades federales supervisen el proceso.
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