Sandra Quiñones exige responsabilidades legales al gobierno tras inundaciones en P. Vallarta

-La abogada y defensora de los derechos humanos, Sandra Quiñones, denunció la omisión institucional y la falta de acciones preventivas como causantes de los daños provocados por las lluvias del 11 y 12 de octubre en Puerto Vallarta, que afectaron a más de 1,260 viviendas.

-Exige reparación del daño y responsabilidad patrimonial del Estado.

Puerto Vallarta, Jal.- Tras las intensas lluvias que azotaron Puerto Vallarta los días 11 y 12 de octubre, y que dejaron un saldo de más de 1,260 viviendas afectadas, la abogada y defensora de derechos humanos Sandra Quiñones levantó la voz para exigir que las autoridades rindan cuentas por su actuación —o falta de ella— ante este desastre.

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Quiñones, quien también fue candidata a diputada por el 05 Distrito de Jalisco, sostiene que existen fundamentos legales sólidos para demandar al Estado por los daños ocasionados, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino desde la perspectiva de los derechos humanos y la responsabilidad patrimonial.

“La reparación del daño no es un favor: es un derecho”, subrayó la abogada en un pronunciamiento público. “Toda persona que haya sufrido pérdida de patrimonio, afectaciones físicas o daño emocional tiene derecho a exigir justicia. Esto está garantizado por el derecho de acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia, incluyendo la violencia institucional”.

Según Quiñones, los hechos ocurridos en Vallarta no son únicamente una consecuencia de fenómenos naturales, sino también del abandono sistemático de responsabilidades por parte de los tres niveles de gobierno. Enfatiza que cuando el Estado no cumple con sus funciones preventivas o de atención, incurre en lo que jurídicamente se considera una “actividad irregular”, lo que da pie a exigir responsabilidades por la vía legal.

Asimismo, recordó que existe una Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, estrechamente relacionada con la responsabilidad patrimonial del Estado, que puede ser invocada en estos casos para buscar reparación colectiva o individual. La también ex candidata enfatizó que los actos de omisión por parte de las autoridades constituyen violencia ambiental institucional, una forma de violación de derechos que pasa desapercibida, pero cuyas consecuencias son graves y tangibles.

“La violencia ambiental institucional se manifiesta cuando las instituciones del Estado no implementan políticas públicas efectivas, ni previenen ni reparan los daños. Las lluvias no se pueden evitar, pero sí se puede evitar que sus consecuencias sean tan devastadoras”, afirmó Quiñones.

La abogada hizo un llamado a la ciudadanía para que conozca y ejerza sus derechos, y pidió que quienes hayan sido afectados se acerquen a abogados con experiencia en derechos humanos. Enfatizó que no se trata solo de pedir apoyos, sino de exigir responsabilidades y justicia.

“Ya es tiempo de exigirle a quienes aceptan un cargo público que asuman también la carga legal y moral de sus decisiones. No podemos seguir tolerando la negligencia disfrazada de incapacidad”, concluyó Quiñones.

La intervención de Sandra Quiñones se suma al creciente descontento ciudadano ante la falta de infraestructura adecuada, sistemas de prevención ineficaces y respuestas lentas de las autoridades. En los próximos días, se espera que distintas organizaciones civiles y legales comiencen a organizar acciones colectivas para exigir reparaciones formales.