Funcionarios de Puerto Vallarta en la mira por abuso de autoridad en caso de menor

-La Jueza Susana Azzaid Betancourt Flores vincula a proceso a dos policías y una trabajadora social por irregularidades en el aseguramiento de una niña

-Los implicados enfrentan suspensión y medidas cautelares tras una denuncia presentada por el padre de la menor

Puerto Vallarta, Jal.- En seguimiento a un caso que ha generado expectativa en la comunidad de Puerto Vallarta, tres servidores públicos han sido vinculados a proceso tras ser acusados de presunto abuso de autoridad y otros delitos relacionados con la administración de justicia.

La decisión fue tomada durante una audiencia el 23 de diciembre del 2024 en los juzgados del Octavo Distrito Judicial, donde se expusieron los detalles del incidente ocurrido en agosto de 2022.

Los implicados en este caso son Jaime “N” y Sandra Leticia “N”, policías municipales, junto con Delia “N”, trabajadora social.

Según lo informado por la Jueza de Control, estas personas actuaron sin seguir los protocolos establecidos al asegurar a una menor que fue encontrada sola y llorando en un domicilio. En lugar de contactar al Ministerio Público o notificar a las autoridades pertinentes, los agentes trasladaron a la niña a las instalaciones policiales y la entregaron a la trabajadora social.

El procedimiento adecuado habría sido derivar a la menor a las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lo cual no se llevó a cabo. En su lugar, Delia “N” contactó a la madre de la niña a través de redes sociales y permitió que esta la recogiera sin realizar un seguimiento apropiado del caso ni garantizar la seguridad del menor.

La situación se complicó aún más cuando el padre, quien tenía la custodia provisional, llegó al lugar y fue detenido por los policías bajo el argumento de que se mostró agresivo y tenía aliento alcohólico. Este hecho llevó al padre a presentar una denuncia ante la Fiscalía Estatal, lo que desencadenó una investigación que concluyó con la vinculación a proceso de los tres servidores públicos.

Como parte de las medidas cautelares impuestas por la Jueza, los implicados deberán firmar periódicamente y tienen prohibido acercarse o molestar a las víctimas. Además, enfrentarán una suspensión de seis meses en sus cargos mientras se lleva a cabo el proceso judicial correspondiente.

Este caso plantea serias interrogantes sobre el manejo adecuado de situaciones que involucran menores y pone de relieve la importancia del respeto a los derechos humanos en el ejercicio del poder público. La comunidad espera que este incidente sirva como un llamado a mejorar los protocolos y garantizar la protección adecuada para todos los ciudadanos, especialmente para los más vulnerables.