Alcalde de Tequila, Jalisco, secuestró a excandidatos de Morena y los obligó a renunciar: FGR
By -La Fiscalía General de la República señala al presidente municipal de Tequila, Diego N, como presunto responsable de la privación ilegal de la libertad de dos aspirantes a la candidatura local de Morena en 2021
-La investigación forma parte de una indagatoria más amplia por presunta extorsión a empresarios tequileros, comerciantes y otros delitos relacionados con el crimen organizado
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta de investigación en la que acusa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego N alias “El Presidente”, de haber participado en el secuestro de dos aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia municipal durante el proceso electoral de 2021, con el objetivo de obligarlos a renunciar.
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De acuerdo con el expediente federal, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez habrían sido privados de la libertad por un grupo armado que, según las indagatorias, operaba bajo las órdenes del ahora edil y de personas cercanas a su entorno político. Tras permanecer retenidos, ambos presentaron su renuncia formal ante el Instituto Electoral de Jalisco en marzo de ese año, poco después de recuperar su libertad.
La FGR sostiene que la detención ilegal habría tenido como propósito despejar el camino político en la contienda municipal futura. La investigación refiere que los hechos ocurrieron en el 2021, tres años antes de que Diego N asumiera el cargo como presidente municipal y que, desde entonces, se documentaron testimonios y elementos que apuntan a la posible participación de funcionarios y colaboradores del ayuntamiento en diversas actividades ilícitas. Diego N ganó en 2024 por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Las indagatorias federales incluyen señalamientos sobre una presunta red que operaba desde el gobierno municipal y que estaría relacionada con cobros ilegales, intimidación y privaciones de la libertad en contra de comerciantes, empresarios y actores políticos locales. La autoridad federal busca establecer si estas acciones formaban parte de un esquema sistemático para ejercer control político y económico en la región.
El caso se mantiene en proceso judicial y forma parte de las investigaciones que derivaron en órdenes de captura contra el alcalde y otras personas vinculadas con la administración municipal. Hasta el momento, la autoridad no ha informado la situación jurídica definitiva de los implicados, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos denunciados.