“Extorsión institucionalizada”, así califica experto la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco
By -Álvaro Quintero, experto en transparencia y protección de datos, señaló que el modelo de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco condiciona el acceso a apoyos públicos a la entrega de información sensible, además de advertir posibles irregularidades en la adjudicación del contrato y un mayor costo para el erario
Guadalajara, Jal.- La implementación de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco generó cuestionamientos desde el ámbito académico y de la protección de datos personales. Álvaro Quintero, especialista en transparencia, advirtió que el proceso para obtener el plástico obliga a los ciudadanos a entregar información biométrica, financiera y personal a una empresa privada, bajo un esquema que calificó como una “extorsión institucionalizada”.
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Durante una entrevista, el experto explicó que, a diferencia de la tarjeta de movilidad utilizada anteriormente, el nuevo modelo condiciona el acceso a beneficios públicos, como el subsidio al transporte, servicios de salud y programas sociales, a la aceptación de términos y condiciones que permiten un amplio manejo de los datos del usuario.
Quintero señaló que quienes solicitan la tarjeta deben aceptar un aviso de privacidad que autoriza la revisión del historial crediticio, el registro de voz y huellas dactilares, así como la posibilidad de compartir información con terceros con fines comerciales. A su juicio, los datos solicitados resultan desproporcionados para un servicio de carácter público.
El especialista también cuestionó el proceso de licitación del sistema. Indicó que el aviso de privacidad de la tarjeta tiene fecha del 16 de octubre de 2025, mientras que el fallo del concurso se emitió hasta el 31 de octubre, lo que, dijo, podría indicar que la empresa Broxel ya operaba la plataforma antes de ganar formalmente el contrato.
A partir de estas fechas, Quintero sostuvo que el procedimiento de adjudicación pudo haberse realizado únicamente como un trámite administrativo, ya que, según su análisis, el proveedor del servicio parecía estar definido con anterioridad a la conclusión del proceso.
En el ámbito financiero, el experto advirtió un impacto mayor para las finanzas públicas. Mientras que el sistema anterior representaba un costo único de 30 pesos por tarjeta, el nuevo contrato establece un pago mensual de 5.4 pesos por usuario. Esto implicaría que, tras seis meses de uso, el gasto para el Estado supere al del esquema previo.
Finalmente, Quintero alertó sobre el riesgo de que los datos personales, especialmente de sectores vulnerables, puedan ser utilizados o comercializados sin que exista un mecanismo claro y accesible para que los usuarios se opongan o limiten el uso de su información.