CNDH va con Yussara Canales y busca tumbar el impuesto turístico en Vallarta

– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional el artículo 80 Bis de la Ley de Hacienda del municipio de Puerto Vallarta.

“Cuando alcé la voz en el Congreso para denunciar el impuesto a turistas, algunos compañeros dijeron que exageraba e incluso compañeras insistían en que me censuraran el micrófono en tribuna. Hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirma lo que advertimos: esa medida es inconstitucional, discriminatoria y contraria a los derechos humanos”, expresó Canales este fin de semana en un mensaje desde el malecón de Puerto Vallarta.

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Desde el inicio, la legisladora —entonces diputada local por el distrito 5 — denunció que la iniciativa impulsada por el gobierno de Puerto Vallarta representaba un atentado contra el libre tránsito, el principio de legalidad y la dignidad de los visitantes extranjeros.

“El alcalde de Puerto Vallarta parece que le quiere tomar prestado el manual a Donald Trump: él no quiere construir muros, quiere ponerles un peaje a los turistas. ¿Lo próximo será pedirles visa para entrar a la playa o pasaporte para el malecón?”, dijo Canales el 12 de febrero en una intervención que generó eco nacional.

En ese momento, la propuesta fue aprobada por el cabildo municipal y respaldada por legisladores de distintas fuerzas políticas. Canales fue una de las pocas voces que alzaron la mano para advertir los riesgos jurídicos y económicos de la medida.

Ahora, la CNDH ha solicitado a la SCJN:

•Declarar inconstitucional el artículo 80 Bis.

•Ordenar su expulsión del orden jurídico de Jalisco.

•Vincular al Congreso del Estado a abstenerse de emitir disposiciones similares en el futuro.

La legisladora considera que este proceso demuestra que el cobro no fue una política pública bien planeada, sino un intento recaudatorio sin sustento legal ni técnico.

“El cobro de cinco dólares a cada turista extranjero no solo violaba el derecho al libre tránsito; también se intentó imponer sin claridad, sin legalidad, sin transparencia. Un verdadero muro fiscal que ponía en riesgo la economía y la imagen de nuestro Puerto Vallarta”, afirmó.

Ya en febrero, Canales había denunciado que el cobro abría la puerta a prácticas discriminatorias, al no contar con un mecanismo definido para identificar a los turistas extranjeros. “¿Cómo van a saber quién paga y quién no? ¿Porque ven a alguien güero o con acento?”, preguntó entonces.

También advirtió sobre los efectos adversos que podrían derivarse en términos turísticos y competitivos frente a destinos vecinos como Bahía de Banderas. “Cuando en Quintana Roo se impuso algo parecido, el turismo bajó. Aquí podría pasar lo mismo”, alertó.

Uno de los aspectos más criticados por Canales fue la creación de un fideicomiso para administrar los fondos recaudados, al considerarlo una figura opaca y vulnerable a la corrupción.

“Gobernar no es recaudar por ocurrencia, es defender al pueblo”, subrayó ahora.

En su posicionamiento más reciente, la diputada reiteró su compromiso con una política turística justa, incluyente y con respeto pleno a los derechos humanos:

“Puerto Vallarta no necesita barreras disfrazadas de impuestos, necesita justicia, inversión equitativa y respeto a sus comunidades. Seguiremos vigilantes para que eso se cumpla”, concluyó.

La decisión final estará en manos de la Suprema Corte, pero la posición de la CNDH representa un paso decisivo. El proceso también deja claro que el turismo no puede ser tratado como una fuente ilimitada de ingresos, sino como un derecho y una actividad económica que debe cuidarse con visión, legalidad y justicia.