Predios en Bahía de Banderas fueron adquiridos de forma ilegal, afirma Sheinbaum

-La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los terrenos intervenidos en el llamado “Megaoperativo Nuevo Nayarit” fueron obtenidos de forma irregular, aunque señaló que quienes se consideren afectados pueden recurrir al amparo o acudir a la Fiscalía General de la República

Bahía de Banderas, Nay.- La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre las acciones emprendidas por el gobierno de Nayarit para recuperar predios turísticos en la zona de Bahía de Banderas tras el “Megaoperativo Nuevo Nayarit”, en medio de señalamientos por presuntos abusos de autoridad y despojos.

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Aseguró que, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades estatales y federales, los terrenos habían sido adquiridos de manera ilegal en administraciones anteriores.

La mandataria sostuvo que varios de esos predios estaban originalmente bajo propiedad estatal y posteriormente fueron registrados a nombre de exfuncionarios, exgobernadores o personas que fungieron como prestanombres. Indicó que las investigaciones ya fueron realizadas y que, con base en esos resultados, se procedió a la recuperación de las tierras.

El tema del “Megaoperativo Nuevo Nayarit” fue retomado tras la publicación de un reportaje en la edición de enero de 2026 de la revista Proceso, en el que se describe el Megaoperativo Nuevo Nayarit como un mecanismo que, según los denunciantes, habría derivado en detenciones, carpetas de investigación y medidas cautelares utilizadas como presión para recuperar terrenos de alto valor turístico.

Sheinbaum reconoció que el gobierno estatal ha planteado la posibilidad de impulsar desarrollos turísticos en las zonas recuperadas, aunque afirmó que estos proyectos estarían sujetos a un plan general y no a decisiones discrecionales. Aun así, señaló que no se descarta que los terrenos puedan volver a manos privadas bajo ese esquema.

Frente a las acusaciones de despojo institucional, la presidenta señaló que las personas que consideren haber sido afectadas por actos indebidos cuentan con recursos legales para impugnar las decisiones, como el juicio de amparo, o bien acudir a la Fiscalía General de la República para solicitar una revisión de su caso.

Al ser cuestionada sobre las similitudes entre las prácticas actuales y esquemas del pasado, Sheinbaum reiteró que corresponde a la Fiscalía determinar si existieron irregularidades y subrayó que cualquier persona que alegue una injusticia puede solicitar que su situación sea revisada por las autoridades competentes.