Vinculan a abogado del Ayuntamiento de Vallarta por presunto peculado

-Carlos Otnhiel “N”, servidor público de la Dirección Jurídica, es señalado por recibir casi 30 mil pesos sin laborar; un juez ordenó medidas cautelares mientras continúa la investigación

Guadalajara, Jal.– El abogado Carlos Otnhiel “N”, adscrito a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, fue vinculado a proceso por el presunto delito de peculado, tras ser acusado de haber recibido pagos sin desempeñar sus funciones durante un periodo determinado, dio a conocer la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco.

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La resolución fue emitida la tarde del viernes 17 de octubre, durante la audiencia inicial celebrada en los juzgados del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, donde el juez de control y oralidad Luis Daniel Canales González determinó que existían elementos suficientes para proceder penalmente.

De acuerdo con la causa, el servidor público habría recibido de manera dolosa un monto de $29,740 pesos, pese a ausencias y omisiones reiteradas en los registros de entrada y salida de su centro de trabajo. La investigación estableció que durante el mismo periodo, el funcionario litigaba como abogado patrono en un juicio civil, pese a tener impedimento legal por su cargo municipal.

La denuncia fue presentada en junio de 2024 ante la Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Puerto Vallarta, lo que dio origen a la carpeta de investigación correspondiente.

Como parte de las medidas cautelares impuestas, el juez ordenó que el imputado acuda a firmar mensualmente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares, además de prohibirle acercarse o contactar a testigos durante los próximos seis meses.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción también imputó al servidor público por delitos cometidos en la administración de justicia, el juez consideró que no existían elementos suficientes para sostener esa acusación, por lo que solo se le vinculó por peculado.

La investigación continuará para determinar la responsabilidad del funcionario y las posibles sanciones administrativas o penales correspondientes.