Los elementos deberán reparar el daño con más de $55,000 pesos y cumplir con condiciones judiciales durante seis meses

Puerto Vallarta, Jal. Los policías municipales María Ana “N” y Marcelino “N” obtuvieron la suspensión condicional del proceso en su contra por abuso de autoridad y delitos en la administración pública. La resolución fue emitida este jueves por la Jueza Susana Azzaid Betancourt Flores, en los juzgados de Control y Oralidad del Octavo Distrito.

El caso se originó tras un accidente vial ocurrido el 25 de junio de 2023 en la colonia Las Juntas, en el que falleció un motociclista. Según la investigación, los elementos policiales alteraron su Informe Policial Homologado (IPH), omitiendo señalar que el conductor de la camioneta responsable estaba en el lugar. Este acto entorpeció las pesquisas y vulneró los derechos de la víctima.

Como parte del acuerdo, los policías deberán:

Reparar el daño: Cada uno pagará $20,545 pesos a las víctimas, sumando $41,090 pesos, además de un donativo conjunto de $14,000 pesos a la asociación civil Refugio Infantil Santa Esperanza (RISE).
Cumplir medidas cautelares: Someterse a control judicial periódico, tomar un curso de derechos humanos, no cambiar de residencia, y abstenerse de acercarse al domicilio de la víctima o cometer actos de molestia.
Estas condiciones deberán cumplirse en un periodo de seis meses para que puedan mantener el beneficio legal.

El accidente vial ocurrió cuando el conductor de una camioneta colisionó con el motociclista, quien perdió la vida. A pesar de que el responsable fue encontrado en el lugar, el oficial Marcelino “N” no lo mencionó al solicitar mando y conducción.

Posteriormente, María Ana “N” presentó al conductor ante la Jueza Municipal bajo la falsa premisa de que había sido detenido por una falta administrativa, no por su implicación en el accidente.

Semanas después, la madre de la víctima denunció el encubrimiento, lo que derivó en una investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Las evidencias demostraron que los uniformados manipularon el IPH, afectando el proceso de justicia.

El 1 de abril de 2024, ambos policías fueron vinculados a proceso. Posteriormente, la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, acordando un plan reparatorio con las víctimas.