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Impiden salir del país y ejercer cargos públicos a exdirector de Desarrollo Urbano de Vallarta
By -Juan Manuel “N” fue vinculado a proceso en segunda instancia por la presunta autorización irregular de una licencia para construir un condominio de 46 departamentos; las medidas cautelares tendrán una vigencia de seis meses
PUERTO VALLARTA, JALISCO. — El exdirector de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, Juan Manuel “N”, enfrenta nuevas restricciones judiciales luego de que fuera vinculado a proceso en segunda instancia por su probable responsabilidad en delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones durante su paso por el Ayuntamiento.
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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco informó que el procedimiento está relacionado con la presunta autorización irregular de una licencia de construcción para un condominio de 46 departamentos denominada “Isla 115”, sin que se cumplieran los requisitos legales para expedirla. Los delitos investigados son abuso de autoridad, así como desvío y aprovechamiento de facultades.
El avance del caso ocurrió después de que la Fiscalía Anticorrupción impugnara una resolución inicial que impedía continuar el proceso contra el exfuncionario. Posteriormente, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco determinó vincularlo a proceso y ordenó que el procedimiento continuara.
Deberá entregar su pasaporte y firmar cada mes
Durante una audiencia celebrada el 9 de noviembre, el órgano jurisdiccional concedió las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Entre ellas, Juan Manuel “N” deberá acudir mensualmente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares y entregar su pasaporte en un plazo máximo de tres días.
Además, tendrá prohibido salir del país, acercarse a las víctimas y testigos —salvo mediante sus defensores— y desempeñar cualquier cargo en el servicio público. Si coincide con alguna de las personas protegidas en un mismo lugar, deberá retirarse de inmediato.
Las restricciones permanecerán vigentes durante seis meses, mientras que el plazo establecido para la investigación complementaria será de cuatro meses.
La Fiscalía Anticorrupción señaló que continuará con las diligencias y el seguimiento del procedimiento, en el que se determinará la posible responsabilidad del exservidor público. Hasta el momento, las imputaciones corresponden a una investigación en curso y no representan una sentencia condenatoria.