Legisladora rechaza sistema de verificación vehicular en Jalisco

El artículo 23 de la Ley de Ingresos genera controversia en el Congreso; Yussara Canales critica implementación y costos del programa

En el marco de la votación en lo particular del artículo 23 de la Ley de Ingresos, la diputada Yussara Canales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), emitió su voto en contra del sistema de verificación vehicular impulsado por el gobierno de Jalisco. La legisladora justificó su postura señalando los impactos económicos y sociales que esta medida genera, especialmente en los sectores más vulnerables.

Durante su intervención, Canales destacó que, si bien el programa busca beneficios ambientales, su ejecución ha enfrentado problemas significativos. Hasta el momento, solo 500 mil vehículos de un total de casi 4 millones en el estado han cumplido con la verificación, lo que refleja una baja aceptación entre los usuarios y deficiencias operativas.

Asimismo, la legisladora cuestionó el programa conocido como 3×1, argumentando que el subsidio utilizado para promocionar la verificación gratuita proviene de recursos públicos, lo que indirectamente representa un costo para los contribuyentes.

La discusión también abarcó el aumento del 17% en el pago del refrendo vehicular, que ahora asciende a 900 pesos. Canales criticó la reducción del descuento por pronto pago del 10% al 5% y la condición de realizar el trámite en línea, señalando que esta medida excluye a comunidades con acceso limitado a servicios digitales.

Además, destacó la eliminación de beneficios fiscales para vehículos híbridos y eléctricos, los cuales anteriormente gozaban de un descuento del 50%. Según la diputada, esta decisión contradice las políticas de promoción de tecnologías más limpias y afecta negativamente a quienes buscan opciones de movilidad sostenible.

Canales hizo un llamado a revisar y modificar las políticas relacionadas con la verificación vehicular, instando al gobierno a garantizar que estas medidas no se conviertan en herramientas recaudatorias. Solicitó que se retomen los costos previos del refrendo de 767 pesos y exhortó a establecer en la ley la eliminación de multas y operativos contra quienes no cumplan con la verificación.

“Este sistema necesita más equidad y sensibilidad hacia los sectores más desfavorecidos. No basta con compromisos verbales; es fundamental que estas disposiciones queden plasmadas en la ley para proteger a la ciudadanía”, señaló la legisladora.

Finalmente, la diputada reiteró su compromiso de trabajar en iniciativas que permitan un equilibrio entre la protección ambiental y el bienestar económico de los ciudadanos. Anunció que continuará promoviendo ajustes a la Ley de Ingresos para garantizar mayor transparencia y accesibilidad en los programas de verificación vehicular.