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Menos presupuesto para el INE, ¿más responsabilidad ciudadana? || OPINIÓN
-La democracia necesita instituciones con capacidad para cumplir su mandato, pero también ciudadanos dispuestos a vigilar, participar y exigir
-Ninguno de esos dos pilares puede sustituir al otro
Hay discusiones públicas que no deberían quedarse atrapadas en la polarización. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral es una de ellas. No se trata solamente de cuánto dinero recibe una institución, ni de convertir cualquier ajuste presupuestal en una disputa entre gobierno y oposición. Se trata de comprender qué está en juego cuando hablamos de organizar elecciones, garantizar derechos políticos y preservar la confianza ciudadana en las reglas de nuestra democracia.
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La Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 con una reducción de 6 mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el INE. La decisión ocurre en la antesala de un proceso electoral de gran dimensión, en el que estarán en juego cargos federales y locales. COPARMEX ha advertido que este ajuste puede afectar la certeza democrática, la confianza y las condiciones de estabilidad que también necesita la inversión.
La pregunta no es menor: ¿podemos exigir elecciones confiables si la institución responsable de organizarlas enfrenta una reducción importante de los recursos que consideró necesarios para cumplir su responsabilidad?
El presupuesto público siempre implica decisiones y prioridades. Ninguna institución está exenta de justificar sus necesidades, transparentar el ejercicio de sus recursos y demostrar eficiencia. El INE, como cualquier otro organismo público, debe rendir cuentas. Pero una cosa es exigir eficiencia y otra muy distinta es suponer que puede cumplir cualquier mandato con recursos cada vez más limitados, sin consecuencias en su operación.
Lo que implica organizar una elección
Una elección no se organiza solamente con urnas y boletas. Detrás de cada jornada electoral existe una estructura técnica, logística y humana: capacitación de funcionarios, integración de mesas directivas de casilla, actualización del padrón y la lista nominal, instalación de centros de votación, fiscalización, sistemas de información, seguridad y cómputos. Cada una de esas tareas requiere planeación, personal y presupuesto.
Por eso, el debate no debería reducirse a defender una cifra o cuestionar una decisión legislativa. Debemos preguntarnos qué actividades se verían comprometidas, qué medidas de eficiencia pueden implementarse y cómo garantizar que ningún ajuste termine afectando el derecho de la ciudadanía a votar en condiciones de certeza y equidad.
La otra mitad de la democracia: la ciudadanía
Pero aquí aparece la otra mitad de la ecuación, una que con frecuencia dejamos fuera de la conversación.
La democracia no se construye únicamente desde las instituciones. Tampoco comienza ni termina el día de la elección. Se construye todos los días, en la manera en que nos informamos, contrastamos versiones, cuestionamos a quienes ejercen el poder, participamos en asuntos públicos y exigimos que las decisiones se tomen con transparencia.

Podemos tener una institución electoral con autonomía, personal capacitado y recursos suficientes, pero si la ciudadanía se desentiende, la democracia pierde una parte fundamental de su sentido. La apatía también tiene sus consecuencias: cuando dejamos de participar, otros terminan decidiendo por nosotros.
Participar no significa solamente acudir a votar. Significa conocer nuestros derechos, comprender cómo funcionan las instituciones, revisar las propuestas de quienes aspiran a representarnos, identificar información falsa, observar los procesos electorales y exigir cuentas después de las elecciones. Significa entender que la responsabilidad ciudadana no se entrega en una boleta ni se delega por completo en una autoridad.
La participación no sustituye las responsabilidades institucionales
Pero ojo, tampoco podemos cometer el error contrario: pretender que una ciudadanía participativa compense las deficiencias de las instituciones. La vigilancia social no sustituye la autonomía electoral, la capacitación técnica ni los recursos necesarios para instalar casillas y contar votos. Son responsabilidades complementarias, no intercambiables.
Una democracia necesita instituciones fuertes, pero también ciudadanos conscientes. Necesita autoridades electorales capaces de organizar procesos confiables y una sociedad dispuesta a defender las reglas, independientemente de quién gane o pierda una elección.
En este punto, el proceso de 2027 representa un desafío particularmente importante. La discusión sobre el presupuesto del INE debe acompañarse de información pública, explicaciones técnicas y transparencia sobre el impacto real del ajuste. La autoridad electoral tendrá que explicar cómo garantizará sus funciones; el Poder Legislativo deberá asumir la responsabilidad de las decisiones presupuestales que aprobó y la ciudadanía tendrá que mantenerse atenta, informada y participativa.
No se trata de otorgar cheques en blanco a las instituciones. Se trata de exigirles resultados sin desmantelar las condiciones que hacen posible su funcionamiento.
Democracia, inversión y desarrollo regional
Desde la perspectiva empresarial, la certeza jurídica y la estabilidad institucional también importan. La inversión necesita reglas claras, confianza y mecanismos legítimos para resolver las diferencias. La democracia no es un asunto exclusivo de los partidos políticos ni de quienes ocupan cargos públicos: también forma parte de las condiciones que permiten construir desarrollo, generar empleos y dar continuidad a los proyectos de una sociedad.
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas no están al margen de esta discusión. Aquí también necesitamos ciudadanos que conozcan cómo se integran las autoridades, cómo funcionan los consejos distritales, qué responsabilidades tienen los representantes populares y de qué manera podemos participar en la vigilancia de los procesos democráticos. También debemos comprender que una comunidad que crece económicamente debe madurar en su cultura cívica.
El reto rumbo a 2027
El riesgo más grande sería acostumbrarnos a observar la democracia como un espectáculo ajeno, donde unos cuantos discuten, deciden y administran, mientras el resto solamente espera los resultados.
Un presupuesto menor puede representar un reto para una institución; una ciudadanía indiferente puede representar un problema mucho más profundo para la vida democrática. Pero no confundamos las responsabilidades: el compromiso ciudadano debe crecer, no para justificar la reducción de capacidades institucionales, sino para exigir que las instituciones cumplan mejor su mandato.
La democracia no se sostiene solamente con dinero, pero tampoco puede funcionar sin recursos. No se fortalece únicamente con instituciones, pero tampoco puede sobrevivir si las debilitamos. Se construye cuando ambas partes cumplen su responsabilidad.
Porque si algo no podemos permitirnos en 2027 es tener un INE con menos capacidad y una ciudadanía con menos participación.
Cuando los recursos institucionales se ajustan, la vigilancia ciudadana debe multiplicarse. Pero nunca olvidemos que participar más no significa exigir menos a nuestras instituciones.